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SISTEMA DE DOBLE VERIFICACIÓN EN LA SOLICITUD DE UN SERVICIO VÍA WEB

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El Reglamento General de Protección de Datos exige, en su artículo 32, establecer medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad para los derechos y libertades de las personas físicas.

Ahora bien, al no determinar de manera concreta cuáles son estas medidas, más allá de una vaga referencia en el propio artículo 32 a algunas de ellas, debiendo establecerse las mismas en función del análisis de riesgos que se efectúe, cabe preguntarse si existe algún límite a la hora de decidir qué medidas implantar, dado que el riesgo cero no existe, y siempre existe la posibilidad de aplicar una medida de seguridad más, una medida que cubra un supuesto muy improbable pero posible, quedando al arbitrio de la autoridad competente la consideración de que se hayan aplicado medidas de seguridad adecuadas al riesgo.

En relación con lo anterior, es relevante que el Tribunal Supremo (en adelante, TS), en la sentencia 543/2022 del 15 de febrero de 2022, ha determinado que la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales no puede considerarse una obligación de resultado, que implique que exista responsabilidad con independencia de las medidas adoptadas y de la actividad desplegada por el responsable del tratamiento, sino que es una obligación de medios.

En las obligaciones de resultado existe un compromiso consistente en el cumplimiento de un determinado objetivo, asegurando el logro o resultado propuesto, en este caso, garantizar la seguridad de los datos personales y la inexistencia de filtraciones o quiebras de seguridad.

En las obligaciones de medios el compromiso que se adquiere es el de adoptar los medios técnicos y organizativos, así como desplegar una actividad diligente en su implantación y utilización que tienda a conseguir el resultado esperado con medios que razonablemente puedan calificarse de idóneos y suficientes para su consecución, por ello se las denomina obligaciones «de diligencia » o «de comportamiento».

La diferencia radica en la responsabilidad en uno y otro caso, pues mientras que en la obligación de resultado se responde ante un resultado lesivo por el fallo del sistema de seguridad, cualquiera que sea su causa y la diligencia utilizada. En la obligación de medios basta con establecer medidas técnicamente adecuadas e implantarlas y utilizarlas con una diligencia razonable. En estas últimas, la suficiencia de las medidas de seguridad que el responsable ha de establecer ha de ponerse en relación con el estado de la tecnología en cada momento y el nivel de protección requerido en relación con los datos personales tratados, pero no se garantiza un resultado.

En definitiva, las empresas deben ser capaces de demostrar que han aplicado medidas de seguridad adecuadas, sin perjuicio de que se produzcan fallos o filtraciones de datos, sobre las cuales la entidad no tendrá responsabilidad siempre y cuando sea capaz de demostrar que las medidas implantadas son las pertinentes teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad para los derechos y libertades de las personas físicas.

Pues bien, una vez aclarada que la obligación de aplicar medidas de seguridad debe considerarse una obligación de medios y no de resultados, el TS, en la sentencia referenciada, deja claro que las empresas deben implantar, en todo formulario web de recabo de datos para darse de alta en un servicio, un doble sistema de verificación para comprobar la veracidad de los datos introducidos. En concreto, en esta sentencia se determina lo siguiente:

“Pues bien, el programa utilizado para la recogida de los datos de los clientes no contenía ninguna medida de seguridad que permitiese comprobar si la dirección de correo electrónico introducida era real o ficticia y si realmente pertenecía a la persona cuyos datos estaban siendo tratados y prestaba el consentimiento para ello. El estado de la técnica en el momento en el que se produjeron estos hechos permitía establecer medidas destinadas a comprobar la veracidad de la dirección de email, condicionando la continuación del proceso a que el usuario recibiese el contrato en la dirección proporcionada y solo desde ella prestase el consentimiento necesario para su recogida y tratamiento. Medidas que no se adoptaron en este caso.

El sistema de verificación del correo electrónico conocido como «doble opt-in» consistente en un proceso de aceptación de unas normas o condiciones de uso cuyo principal objetivo es el de verificar que los usuarios son quienes dicen ser y no son ni robots creando suscripciones automáticas, ni correos Spam, o terceras personas generando suscripciones fraudulentas utilizando correos electrónicos que no son de su propiedad. Se trata de un proceso de doble verificación que asegura que los usuarios han aceptado la política de tratamiento de datos y/o las condiciones de privacidad antes de recibir cualquier tipo de comunicación y evita que los documentos vayan a una dirección equivocada. En definitiva, se trata de comprobar que la información recogida es correcta y veraz.

El hecho de que los interesados firmasen el formulario no exonera la responsabilidad de la empresa obligada a comprobar a la veracidad de la dirección de correo electrónico utilizada sin perjuicio de que esta circunstancia pueda ser tomada en consideración para graduar la sanción.”

Así lo entiende el TS ya que,en el momento en que se produjeron los hechos, existían medidas técnicas referidas al proceso de registro, que hubiesen evitado la filtración de datos personales producida, como el sistema de doble verificación, lo que implica que, de no aplicarse este sistema, las medidas técnicas adoptadas incumplen las condiciones de seguridad en los términos exigidos en el RGPD.

En definitiva, las empresas que permiten a los usuarios darse de alta en algún servicio web (ej: newsletter, inscripción en eventos, registro de usuarios, etc.) deberán establecer un sistema de doble verificación para garantizar la veracidad de los datos aportados, evitando posibles engaños en las solicitudes de alta, suscripciones automáticas, etc. Por ello, las empresas deberán contar con un sistema de doble opt-in, debiendo recibir el interesado un e-mail a la dirección indicada para confirmar que, efectivamente, han sido ellos los que han procedido a facilitar sus datos, siendo estos correctos. Sin este sistema, no se consideraría que se estuviesen aplicando medidas de seguridad adecuadas destinadas a identificar al interesado.

Adicionalmente, la sentencia del TS es relevante al recoger lo siguiente:

“La empresa recurrente trataba los datos de los clientes por cuenta del responsable del fichero por lo que implantó y utilizó dicho programa siendo conocedora, o hubiera debido serlo, de que éste carecía de las medidas de seguridad necesarias para comprobar la veracidad y exactitud de la dirección de email a la que se enviaba la copia del contrato de financiación”.

Por lo tanto, aunque una empresa actúe como encargada del tratamiento, utilizando la aplicación que le facilite el responsable, deberá ser consciente de si la misma dispone de las medidas necesarias de seguridad (en este caso concreto, sistema de opt-in) debiendo informar al responsable en caso contrario para que se apliquen dichas medidas.

Jorge de Diego Retuerta

Abogado Senior

Picón y Asociados Abogados

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  • POLÍTICA DE PRIVACIDAD

    ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

    Picón y Asociados Abogados es una firma legal que opera a través de 2 sociedades: Picón y Asociados Derecho e Informática SL, con CIF B-82635277 y Picón y Asociados Derecho y Nuevas Tecnologías SL, con CIF B-85397669. Ambas tienen el domicilio en C/ Hermanos Pinzón 3, 28036, Madrid. El teléfono es el 914.575.614 y el correo electrónico es picon@piconyasociados.es

    ¿Quién es el Delegado de Protección de Datos (DPO) de dichas entidades y cómo puede ayudarle?

    El DPO es una figura legalmente prevista que tiene como funciones principales las de informarnos y asesorarnos sobre las obligaciones que nos afectan en materia de protección de datos personales y supervisar su cumplimiento. Además, el DPO actúa como punto de contacto con nosotros para cualquier cuestión relativa al tratamiento de datos personales, por lo que, si lo desea, puede usted dirigirse a él.

    El DPO de la sociedad Picón y Asociados Derecho e Informática, SL es la entidad Picón y Asociados Derecho y Nuevas Tecnologías, SL.

    El DPO de la sociedad Picón y Asociados Derecho y Nuevas Tecnologías, SL es la entidad Picón y Asociados Derecho e Informática, SL.

    Puede contactar con ambos DPO en el domicilio postal de las sociedades o en la dirección de e-mail dpo@piconyasociados.es

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    Dependiendo del formulario utilizado o la finalidad para la que nos indique que envía sus datos, podemos utilizar los mismos para las siguientes finalidades:

    1. La resolución de consultas o la elaboración de presupuestos que nos pueda solicitar a través de los formularios de la sección “CONTACTO” o “PRESUPUESTO”. Puede consultar la información adicional y detallada sobre estos tratamientos en este ENLACE.
    2. También si utiliza los formularios de “CONTACTO” o “PRESUPUESTO” podremos realizar el envío de comunicaciones comerciales de nuestros productos o servicios, en caso de que haya escogido esta opción. Puede consultar la información adicional y detallada sobre estos tratamientos en este ENLACE.
    3. Los datos recabados en la sección “EMPLEO” se utilizarán para llevar a cabo nuestros procesos de selección de personal. Puede consultar la información adicional y detallada sobre estos tratamientos en este ENLACE.

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    Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que le conciernan, o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos.

    En las condiciones previstas en el Reglamento General de Protección de Datos, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos o su portabilidad, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

    En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. Si usted ha otorgado el consentimiento para alguna finalidad específica, tiene derecho a retirarlo en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. En estos supuestos dejaremos de tratar los datos o, en su caso, dejaremos de hacerlo para esa finalidad en concreto, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

    Todos los derechos mencionados pueden ejercerse a través de los medios de contacto que figuran al principio de esta cláusula.

    Si usted facilita datos de terceros, asume la responsabilidad de informarles previamente de todo lo previsto en el artículo 14 del Reglamento General de Protección de Datos, en las condiciones establecidas en dicho precepto.

    Frente a cualquier vulneración de sus derechos, especialmente cuando usted no haya obtenido satisfacción en su ejercicio, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (datos de contacto accesibles en www.agpd.es), u otra autoridad de control competente. También puede obtener más información sobre los derechos que le asisten dirigiéndose a dichos organismos.

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