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Se cumple un año del derecho al olvido

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Se cumple un año
del derecho al olvido

Este mes se ha cumplido un año desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitiera una sentencia que hacía responsables a los buscadores del tratamiento de los datos personales de los usuarios, de forma que éstos pudieran pedirle a páginas como Google que eliminasen los resultados de búsquedas que vulnerasen su privacidad, lo que se viene a denominar como “derecho al olvido”.

Un año después de cumplirse esta sentencia, la compañía Google, ha recibido 780.000 solicitudes de retirada de direcciones de internet.  El 58,7% han sido rechazadas por no cumplir con los requisitos para acogerse a lo estipulado en el fallo del Tribunal de Justicia.

Centrándonos en nuestro país, según los datos de Google, durante el año que llevan ejerciendo el derecho al olvido, el número total de “urls” sobre las que los usuarios relacionados con España han realizado solicitudes para borrar alcanza las 76.477, de las cuales 23.891 fueron borradas. Lo que significa que un 63% de ellas han sido rechazadas.

Cabe destacar que más de la mitad de las solicitudes que se han realizado durante este primer año, concretamente el 58,7%, han sido realizadas alegando invasión de la privacidad.

En la mayor parte de las ocasiones, los argumentos para rechazar las solicitudes tienen que ver con que lo publicado tiene relevancia por la profesión del interesado (pensemos en políticos, por ejemplo), así como el interés público, y que se trata de perfiles en las redes sociales o información que el propio individuo ha publicado de sí mismo.

Llama la atención que un 20% de las solicitudes de ejercer al derecho el olvido se refieren a contenido alojado en redes sociales y comunidades.

Los sitios en los que más enlaces se han retirado son Facebook, Profileengine y Youtube.

Para solicitar el ‘derecho al olvido’, Google ha puesto a disposición de los usuarios un formulario web que la persona interesada debe rellenar. La compañía evalúa cada solicitud caso por caso. Una vez se haya tomado una decisión, el solicitante recibirá un correo electrónico en el que se le notificará dicha decisión con una explicación de los motivos. En el caso de que la respuesta sea negativa, el solicitante puede acudir a una autoridad local con competencia en protección de datos para una revisión, en el caso de España, la Agencia Española de Protección de Datos.

Miguel Pérez Wilk
Abogado

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