Introducción a los Modelos de Prevención de Delitos

La introducción de la responsabilidad penal de la persona jurídica, operada por las reformas efectuadas en el Código Penal por la Leyes Orgánicas 5/2010, de 22 de junio y 1/2015, de 30 de marzo, fue objeto de importantes discusiones doctrinales por romper el tradicional principio de “SOCIETAS DELINQUERE NON POTEST”.

Superado el debate inicial sobre la idoneidad de la reforma, una de las principales consecuencias de esta fue la aparición en España de los llamados Programas de Compliance Penal o Modelos de Prevención de Delitos.

Se trata de instrumentos que persiguen una doble finalidad. De un lado, prevenir la comisión de delitos en el seno de la persona jurídica. De otro, evitar la condena de ésta en el caso de no haberlos podido impedir.

Y esta última finalidad viene refrendada por el propio Código Penal, que dispone en el apartado segundo del artículo 31 bis:

“…la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones:

1.ª el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión;

2.ª la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica;

3.ª los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención y

4.ª no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición 2.ª”

Tal y como configura el Código Penal esta exención, los Modelos de Prevención de Delitos deben reunir ciertas características.

En primer lugar, han de incorporar un conjunto de normas, procedimientos y buenas prácticas que contribuyan a identificar y clasificar los riesgos penales a los que la empresa se enfrenta en el desarrollo de su actividad, así como los mecanismos de prevención, control y reacción frente a los mismos que sean necesarios.

En este punto deben analizarse las diferentes actividades que la empresa desarrolla y, a la vista de estas, implantar medidas y controles que, de manera eficaz, eviten la comisión de delitos en la ejecución de aquellas. Estas medidas pueden ser de carácter general, como la implantación de un Código Ético que ilustre los principios y valores que conforman el espíritu de la sociedad, o incidir en aspectos concretos y técnicos de la actividad empresarial.

En cualquier caso, la adopción de estas medidas debe ir acompañada de una labor de supervisión y vigilancia de su eficacia que garantice tanto su puesta en marcha como su funcionamiento continuado.

El Código Penal atribuye esta labor de supervisión a un órgano de la persona jurídica que goce de autonomía para llevar a cabo su labor sin interferencias ni desviaciones. Este punto ha sido objeto de debate por la dificultad para crear órganos de estas características en el seno de pequeñas y medianas empresas, que constituyen la mayor parte del entramado empresarial español.

No todas las compañías disponen de recursos económicos o humanos suficientes para destinarlos a esta labor, pero ello no impide que la función de vigilancia y supervisión de la que hablamos pueda llevarse a cabo, ya que el propio Código establece que en aquellas empresas que estén autorizadas para presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, la función de supervisión podrá ser asumida directamente por el órgano de administración.

Así, la adopción de los controles y medidas necesarias y la supervisión de su eficacia deben garantizar que ante la eventual materialización de un delito en el seno de la empresa, esta podrá quedar exenta de responsabilidad penal.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, debe valorarse, además, que los Modelos de Prevención de Delitos gozan de otras utilidades o beneficios de carácter económico y reputacional.

Los delitos que las personas jurídicas pueden cometer abarcan materias de muy diversa índole, y suelen llevar aparejado el incumplimiento de normativa sectorial que afecta a otras ramas del Derecho. Como ejemplo de ello, los delitos de descubrimiento y revelación de secretos previstos en los artículos 197 a 197 ter del Código Penal se encuentran íntimamente ligados con la normativa en materia de Protección de Datos, de manera que un adecuado cumplimiento de las obligaciones que esta impone reducirá considerablemente las posibilidades de cometer un delito de estas características. Del mismo modo, todas aquellas medidas que se implanten para prevenir la comisión de estos ilícitos penales contribuirán a reducir el riesgo de incurrir en infracciones de la normativa en materia de Protección de Datos y, por tanto, de sufrir las severas sanciones económicas previstas actualmente.

Por otro lado, es indudable que la comisión de un delito en el seno de la empresa puede acarrear importantes consecuencias negativas para la imagen de esta, como la pérdida de clientes o de inversores, la desconfianza de proveedores o la imposibilidad para contratar con el sector público. Todo ello puede traducirse en consecuencias económicas cuya trascendencia puede ser mayor que la propia sanción impuesta por la comisión del delito.

Así, los Modelos de Prevención de Delitos no sólo tienden a evitar estas consecuencias, sino que, además, contribuyen a mejorar la imagen de la empresa en el mercado, mostrándose como una compañía responsable que transmite credibilidad y confianza.

En conclusión, podemos afirmar que los Modelos de Prevención de Delitos constituyen actualmente una de las mejores herramientas para garantizar el buen funcionamiento y progreso de una empresa, para mostrar públicamente dicho esfuerzo y para evitar las importantes consecuencias que la comisión de un delito puede acarrear a la compañía.

Ignacio Rodríguez.

Abogado.

Picón & Asociados Abogados.