Instalación de cámaras en las aulas para la impartición de clases on-line

La situación actual de crisis sanitaria generada por el coronavirus ha provocado que el comienzo del curso escolar sea, cuanto menos, problemático. En este sentido, los centros educativos, en consonancia con las instrucciones y recomendaciones dadas por las autoridades competentes, están adaptando sus instalaciones para que el riesgo para la salud de los alumnos, profesores y empleados sea el mínimo posible. 

Una de estas medidas consiste en la asistencia semipresencial a las clases, de tal manera que se combinará la asistencia presencial con la enseñanza telemática. 

Lo anterior genera la necesidad de instalar cámaras en las aulas para que los alumnos que se encuentran en sus casas puedan asistir telemáticamente a las clases junto con sus compañeros que se encuentran presencialmente en ellas. En este sentido, a modo de ejemplo, la Comunidad de Madrid ha manifestado que instalará 6.100 cámaras en las aulas para impartir clases online. 

No obstante, ¿hasta qué punto se permite la instalación de cámaras en las aulas? 

Antes del coronavirus, el criterio de la Agencia Española de Protección de Datos era claro, aludiendo a que la instalación de cámaras en las clases resultaría desproporcionada, teniendo en cuenta la intromisión en la privacidad de los alumnos, los cuales, para mayor abundamiento, son menores de edad, y también de los propios profesores, pudiendo suponer un control laboral excesivo para estos. Sin embargo, este criterio parece haber cambiado debido a la situación excepcional que estamos viviendo. 

En este sentido, la Agencia Española de Protección de Datos considera que el tratamiento de datos que puede suponer la impartición de clases online en la enseñanza reglada no necesita el consentimiento del alumnado, o de sus padres o tutores, pues está legitimado por la realización de una misión de interés público como es la función educativa, prevista en una norma de rango legal, la Ley Orgánica de Educación (D.A. 23ª); ni tampoco el del profesorado, que se debe al cumplimiento de su relación contractual o estatutaria para ejercer la función educativa. 

No obstante, la instalación de las cámaras deberá respetar en todo momento los principios recogidos en el artículo 5 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y, en concreto, el principio de minimización de los datos, de tal manera que la zona captada por las cámaras deberá ser la mínima imprescindible. Teniendo en cuenta lo anterior, una solución podría ser que las cámaras solo enfoquen y graben al docente y que, además, no sean de gran resolución.  

En cualquier caso, si bien estaría legitimada la instalación de las cámaras para el fin indicado, ¿se podrían grabar las clases? 

Como ya he indicado, la impartición de las clases a través de medios telemáticos deberá realizarse de la manera menos intrusiva posible para la privacidad de los afectados. En la medida de lo posible, no se recomienda que las imágenes sean conservadas, si bien considero que podría justificarse dicha conservación para los siguientes motivos: 

• Ofrecer la posibilidad de su visionado posterior en modelos de teleformación.  
• Garantizar la accesibilidad a los contenidos por parte de estudiantes que, por diferentes motivos, no se hayan podido conectar (ej: fallos de conexión).  
• Constituir un material de estudio para la preparación las distintas evaluaciones. 

En cualquier caso, las imágenes solo podrán utilizarse para fines educativos, por lo que se debería prohibir a los alumnos que grabasen las clases por su cuenta, debiendo estar estas disponibles a través de las herramientas tecnológicas de las que dispongan los colegios. Por este motivo, se deberá prohibir a los alumnos grabar las sesiones a través de soportes externos (ej: teléfonos móviles) o mediante las opciones de grabación que puedan ofrecer las plataformas de videoconferencia y, mucho menos, publicar las mismas en internet. Asimismo, se debe prevenir que se puedan escuchar conversaciones por parte de terceros ajenos utilizando, por ejemplo, auriculares o retirándose a un espacio en el que no haya otras personas. En cualquier caso, siempre es recomendable que la cámara y el audio de los alumnos que accedan on-line permanezca desactivado, pudiendo participar a través del chat que se ponga a su disposición.   

Con respecto a la grabación de las clases, se debería determinar, de manera específica, el período de conservación de estas, no pudiéndose mantener más tiempo del estrictamente necesario para la finalidad perseguida, que, como he comentado, es la función educativa. 

Por último, la Agencia Española de Protección de Datos ha manifestado que la grabación y/o la difusión de imágenes y/o audios humillantes y vejatorios constituye una infracción a la normativa de protección de datos. A través del Canal Prioritario de la AEPD (https://www.aepd.es/canalprioritario/), se puede solicitar la supresión de la difusión de estas imágenes y/o audios. 

Jorge de Diego Retuerta 

Abogado Asociado Senior 

Picón & Asociados Abogados.