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Consideraciones sobre el acceso policial a los datos del IMEI e IMSI de los terminales móviles

 In Notícias

El Tribunal Supremo ha dictaminado, en una reciente sentencia que viene a ratificar su propia doctrina, que no se estima necesaria la previa autorización judicial para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado procedan al acceso de los datos de IMEI e IMSI, que son los que posibilitan, técnicamente, la identificación de un terminal telefónico y a la situación geográfica del mismo en un momento determinado, respectivamente.

 

La sentencia de nuestro Más Alto Tribunal trae causa de otra condenatoria de la Audiencia Provincial de Pontevedra a un traficante, de 3 años y 9 meses por tráfico de estupefacientes.

 

Los movimientos de dicho traficante pudieron identificarse y configurarse como prueba fundamental en el proceso referido, precisamente gracias a este acceso concretamente al código IMSI, que se corresponde con el acrónimo International Mobile Suscriber Identity (Identidad Internacional del Abonado a un Móvil). El mismo consiste en  un código individual y exclusivo para cada dispositivo de telefonía móvil, que se encuentra embebido en la tarjeta SIM, y que posibilita su identificación a través de las correspondientes redes de telecomunicaciones.

 

No obstante, el ponente de la resolución indica expresamente que así como la recogida o captación técnica del IMSI no necesita autorización judicial, sin embargo, la obtención de su plena funcionalidad, mediante la cesión de los datos que obran en los ficheros de la operadora, sí impondrá el control jurisdiccional de su procedencia.

 

El Supremo rechaza de esta manera la argumentación de la defensa, encaminada a la obtención de la absolución de condenado, por considerar inválidas las pruebas presentadas en su contra.

 

No obstante, sin perjuicio de lo expresado, es necesario indicar que, además de diversas resoluciones e informes emitidos por parte de la Agencia Española de Protección de Datos al respecto, el Dictamen 13/2011 del Grupo de Trabajo del Art. 29 sobre los servicios de geolocalización de los teléfonos inteligentes, especifica los riesgos del empleo de dichas tecnologías.

 

Y ello ya que se revelan detalles privados de la vida íntima de los propietarios de dichos terminales, quedando consignados patrones y hábitos y creando perfiles exhaustivos del individuo.

 

Para garantizar la privacidad del usuario, continua el Dictamen, los proveedores de dichos servicios deberán, principalmente:

 

–  Obtener un consentimiento previo e informado del mismo a la activación de los servicios.

–  La información al respecto debe ser clara, completa y comprensible.

–  El consentimiento no se obtendrá mediante aceptaciones obligatorias de términos y condiciones generales.

–  El dispositivo advertirá continuamente que se encuentra activada la funcionalidad geolocalizadora.

–  Los datos deberán suprimirse pasado un periodo justificado de tiempo.

 

 

Stéfanos Altidis Cabrejas

Abogado Asociado Senior Compliance & Risk

MID – CDPP – CRISC – IA ISO 27001

Experto Externo SEPBLAC

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